Cuando Juan Carlos Ocampo, líder en una comunidad indígena en Nicaragua era niño, los venados pasaban con regularidad por su casa al moverse entre densos bosques ribereños sobre la costa caribeña norte del país. Al igual que otras familias en su comunidad Misquita, su familia pescaba peces y langostas en los ríos, cazaba venados y pacas — animales grandes similares a los conejillos de india — y usaba árboles cosechados del bosque para construir sus casas y sus barcos.
Hoy, dice que no es posible cazar, pescar ni cosechar madera en su comunidad. “Es muy doloroso ver la destrucción del bosque”, dice Ocampo.
Franjas de los vastos bosques caribeños de Nicaragua han sido destruidos en los últimos 30 años por colonos que despejan la tierra para cultivarla, rancheros que necesitan alimentar a su ganado y leñadores que cosechan madera preciosa. Los vías fluviales han sido contaminados por la explotación de oro y prácticas de pesca dañinas. Según la iniciativa Guardia Global de los Bosques (GFW, por sus siglas in inglés) del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), una organización de investigación sin fines de lucro con enfoque en la sustentabilidad, la transformación se ha intensificado en los últimos años con conflictos mortales entre colonos y comunidades indígenas y la pérdida del 23 por ciento del bosque húmedo primario de Nicaragua entre el 2002 y el 2019.
Manifestaciones de personas retiradas y estudiantes protestando políticas autoritarias desataron levantamientos extensos en el 2018 en contra del régimen del presidente Daniel Ortega. Cientos de personas fueron aprisionadas y más de 300 fueron asesinadas durante los meses de
enfrentamientos entre los disidentes y fuerzas del gobierno. Ortega permaneció en el poder gracias a medidas brutales en contra del disentimiento. Se estima que más de 100,000 personas han sido exiliadas hasta la fecha, incluyendo muchos activistas y miembros de la prensa.
Desde entonces, los bosques y las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua han permanecido sin supervisión independiente en un periodo en donde la pobreza y el crecimiento de la población, así como las políticas del gobierno, están impulsando la migración hacia bosques protegidos y bosques en zonas indígenas.[LIL1] Estos bosques son cada vez más vulnerables inclusive después que el gobierno central recibiera millones de dólares de financiamiento para protegerlos de parte del Banco Mundial.
La región caribeña de Nicaragua alberga dos reservas reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por su amplia biodiversidad. La Reserva de Biósfera Bosawás en la frontera norte con Honduras forma parte del segundo trecho de bosque tropical más grande del continente americano después de la Amazonia, y contiene una mezcla diversa de ecosistemas, desde sabanas de pino a bosques nublados que se elevan a más de 5,000 pies por arriba del nivel del mar. La Reserva de Biósfera de Río San Juan es una vasta amplitud de bosques húmedos de frondosas perenes enhebrados por ríos y humedales en la frontera con Costa Rica al sur del país.
Ambas reservas incluyen territorios indígenas y se encuentran bajo protección que restringe o prohíbe el asentamiento y la extracción de recursos. La Reserva de Biósfera Bosawás es hogar para pueblos Mayangnas y Misquitos, mientras que el Río San Juan es hogar para indígenas Rama y para nicaragüenses de ascendencia africana que hablan Kriol.
Estos bosques son segmentos cruciales del corredor biológico mesoamericano, el cual se ve cada vez más fragmentado y el cual conecta hábitats en América del Norte y del Sur. Este corredor permite la migración de animales como el jaguar y provee refugio crítico para especies raras y en peligro de extinción. Rafael Reyna Hurtado, un ecologista de vida silvestre en El Colegio de la Frontera Sur en México, dice que Bosawás, Río San Juan y otros bosques mesoamericanos intactos son peldaños para la migración animal, asegurándose así de la diversidad genética entre las poblaciones dispersas, y para la resiliencia en caso de amenazas como enfermedades y huracanes. “Estamos preocupados que estos grandes tramos de bosque que quedan están perdiendo su conectividad”, dice.
Dos Décadas de Deforestación en Nicaragua
La deforestación se define como la extracción completa y continua de por lo menos 30 metros cuadrados de dosel arbóreo, medido por satélite Landsat. Las fronteras legales de los territorios de la costa caribeña se encuentran delineados en rojo, pero varias comunidades indígenas y afrodescendientes viven en cada territorio. (Fuentes: Global Forest Watch; Joel Betts, Global Wildlife Conservation) (Aleszu Bajak para Undark)
Aunque estos bosques proveen un hábitat crítico para los jaguares, los animales grandes con pezuñas como los pecaríes y los tapires son los más vulnerables, dice Reyna Hurtado. A diferencia de los jaguares, estos animales no pueden viajar distancias grandes para encontrar hábitats apropiados. También son más sensibles a la intrusión humana y prefieren los bosques inalterados. Reyna Hurtado explica que los tapires y los pecaríes realizan servicios críticos para el ecosistema. Los tapires, a veces llamados “jardineros del bosque”, son esparcidores de semillas importantes ya que defecan a lo largo del ecosistema boscoso (incluyendo en el agua) y los pecaríes, con su hambre voraz, fomentan la diversidad de la flora.
Reyna Hurtado y otros advierten en un estudio reciente sobre caídas “precipitosas” en el tamaño de la población del pecarí barbiblanco dentro de sus refugios más críticos en América Central, como Bosawás, en donde las “tierras salvajes” con influencia humana limitada han sido reducidas por un 30 por ciento en los últimos 15 años.
Armando Dans, un conservacionista nicaragüense con la organización estadounidense sin fines de lucro Global Wildlife Conservation (GWC), ha visto un cambio dramático en la proporción de bosques y desarrollo terrenos desarrollados en las reservas de Bosawás y Río San Juan en los últimos 15 años. “Antes había áreas deforestadas. Ahora es lo contrario: hay áreas de bosque en las pasturas” y campos, dice. Por consiguiente, algunas especies no pueden moverse entre tramos de bosques intactos, aislándose así en una reserva u otra.
Los bosques de Bosawás y Río San Juan son de “vital importancia”, dice Ivania Andrea Cornejo, una investigadora en el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales de la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Estos bosques almacenan una gran cantidad de carbono además de proveer conectividad a la vida salvaje. “Es preocupante ver el nivel de deterioro” en Bosawás, dice, e indica que Río San Juan recientemente se encontraba en buen estado de conservación. Según su análisis de datos recolectados por guardabosques de la comunidad de Río San Juan, la actividad colona se ha incrementado dramáticamente a lo largo de los últimos años, indicada por la duplicación e inclusive la cuadruplicación de observaciones de campamentos, hogares, tala indiscriminada, agricultura y caminos entre el 2017 y el 2019.
Un estudio llevado acabo por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua (Marena) en el 2017 determinó que la pobreza, el crecimiento de la población, los valiosos mercados domésticos y de importación de res y las percepciones de tierras “sin usar” fueron los impulsores de la migración de granjeros sin tierras provenientes de comunidades mestizas de las regiones orientales a áreas indígenas y protegidas en la costa del Caribe.
Aproximadamente 40 personas indígenas han sido asesinadas y docenas más han sido lesionadas o secuestradas en conflictos con colonos desde el 2015, según el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua. Casi 3,000 Misquitos han huido de sus hogares en la región caribeña del norte desde el 2015 a causa del conflicto, según un reporte por el Oakland Institute, una organización de investigación sin fines de lucro de California. Por lo menos 10 personas indígenas han sido asesinadas y muchas más han sido lesionadas en ataques de colonos en lo que va del año. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente hizo un llamado al gobierno nicaragüense para que tome “medidas inmediatas para prevenir este tipo de hechos, investigar y sancionar a los responsables”.
Marena no respondió a repetidas solicitudes de formular un comentario al respecto.
A lo largo de los siglos, las comunidades indígenas y Krioles de la remota costa caribeña han sido sujetas a negligencia y supresión tanto por el antiguo gobierno colonial como por el actual gobierno central. La región alberga alrededor de 135,000 personas indígenas de varios grupos y aproximadamente 20,000 personas de origen Kriol. Aunque el gobierno federal reconoce oficialmente a los gobiernos indígenas y Krioles y a la propiedad comunitaria de la tierra, un proceso legal largo para resolver conflictos de tierra se encuentra en estado incompleto, y los colonos frecuentemente abusan de la aplicación laxa de las leyes.
Becky McCray, una abogada Rama quien trabaja para beneficio de las comunidades Ramas y Krioles en la Reserva de Biósfera de Río San Juan, dice que las comunidades locales han denunciado ante varios cuerpos del estado, incluyendo la policía y Marena, sobre lo que llama una “invasión masiva” de la reserva y sobre actividades ilegales como deforestación, agricultura de tala y quema y explotación forestal de maderas preciosas. Dice que no han recibido ninguna respuesta del gobierno desde el 2018.
Familias Ramas y Krioles se han visto obligadas a abandonar sus hogares y parcelas de cultivo en tierras comunitarias gracias al desplazamiento y amenazas de muerte y violencia sexual por parte de los colonos, dice McCray. Con frecuencia sufren de inestabilidad alimentaria cuando pierden acceso a las parcelas de cultivo. Los Ramas y Krioles dependen de los recursos naturales y el agua para la agricultura de subsistencia, la pesca y su salud, dice McCray.
Aproximadamente 40 personas indígenas han sido asesinadas y docenas más han sido lesionadas o secuestradas en conflictos con colonos desde el 2015.
Junto con líderes de la comunidad, McCray hizo un tour reciente del territorio y atestiguó nuevas destrucciones significativas: una carretera que está abriendo paso a un área previamente inaccesible y grandes áreas taladas, quemadas y despejadas para la agricultura.
“Hemos hecho todo esfuerzo para convencerlos que en realidad la reserva está en riesgo”, pero el gobierno nicaragüense no ha hecho nada, dice. Las comunidades Ramas y Krioles han creado sus propias patrullas para documentar asentamientos y otras actividades ilegales. También han desarrollado un programa de guardabosques comunitario. Pero el aislamiento de sus puestos puede crear una vulnerabilidad mayor; McCray dijo que, después que la familia de un guardabosques fue atacada por colonos, decidieron mudarse sin dar seguimiento a su caso con la policía por temor.
Amaru Ruíz, presidente de la Fundación del Río, una organización fundada para preservar el sureste de Nicaragua, ha documentado iglesias, escuelas y carreteras construidas de manera ilegal dentro de la Reserva de Biósfera de Río San Juan. Ruíz atribuye su presencia a “políticas públicas municipales para establecer a personas dentro de la reserva” ejecutadas por oficiales locales con la aprobación tácita del gobierno central. Dice que estos oficiales se encuentran entre los que se benefician de la venta ilegal de las tierras protegidas.
Ruíz, quien ahora vive en Costa Rica, es uno de decenas de miles de disidentes que huyeron de Nicaragua en el 2018. Dice que incrementaron las amenazas en su contra luego que el gobierno revocara su reconocimiento de la Fundación del Río como organización ese año. La mayoría de los miembros de la fundación han sido amenazados, y su radio y programas educativos en Nicaragua han cesado. Según Ruíz, el cuidador de una pequeña reserva de bosque a cargo de la Fundación de Río fue recientemente amenazado por autoridades locales que quieren hacerse cargo de ella.
Nicaragua ha recibido casi $6.5 millones de dólares del Fondo de Preparación del Forest Carbon Partnership Facility, parte el programa de reducción de las emisiones de la deforestación y la degradación de bosques (REDD+), desde el 2012. REDD+, creada por la Organización de las Naciones Unidas y fondeada por el Banco Mundial, provee fondos para países en vías de desarrollo para que creen y eventualmente implementen planes de preservación forestal. Según el gobierno nicaragüense, el país ha realizado elementos de planeación, incluyendo el entrenamiento de agencias estatales y la “consulta” con personas indígenas y de ascendencia africana, pero necesita $5 millones de dólares adicionales de fondos para finalizar su plan. Paul Oquist, el ministro de políticas públicas, recientemente dijo en una conferencia nicaragüense sobre el cambio climático que la estrategia fundamental del gobierno es la preservación de los bosques en la región del Caribe, la cual el gobierno ha designado como una “zona crítica para la captura del carbono” bajo el programa REDD+.
Sin embargo, Ruíz alega que, con el pretexto de la conservación, la participación del gobierno en REDD+ se trata realmente de la extracción de recursos. Dice que el gobierno de Ortega “ha demostrado que las cuestiones ambientales no le interesan”. La Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN) también criticó al programa, diciendo que el gobierno “promueve el avance de la frontera agrícola y ganadera sobre los bosques de nuestros territorios tradicionales” y que inventó “acuerdos” con comunidades indígenas para cumplir con requisitos de REDD+.
McCray dijo que, después que la familia de un guardabosques fue atacada por colonos, decidieron mudarse sin dar seguimiento a su caso con la policía por temor.
Un portavoz del Banco Mundial rechazó una solicitud de entrevista, pero indicó por escrito que “Nicaragua tendría que reducir la deforestación, reducir la degradación del bosque e incrementar la reforestación a las tasas acordadas para poder recibir algún pago del Carbon Fund [Fondo de Carbón]” después que se implemente el plan de REDD+. El programa “beneficia a comunidades locales e indígenas, gobiernos locales y otros que manejan al bosque para la reducción de emisiones”, continuó la declaración.
En el 2019, el líder de la comunidad Misquita Juan Carlos Ocampo presentó una denuncia por invasión de tierra a las autoridades del gobierno, la cual se rechazaron a investigar. “Como nicaragüense, tengo el derecho a la protección del estado y la defensa de mis derechos”, dice.
Pero por su parte, Ocampo cree que la lucha de las comunidades indígenas a lo largo de Nicaragua “tiene las herramientas para tener éxito”. Dice que lo que se necesita tanto en la costa del Caribe como en el resto del país es recuperar el cumplimiento de la ley.
ACTUALIZACIÓN: El 27 de septiembre se detuvieron a 18 líderes de comunidades Ramas y Krioles, incluyendo a la abogada Rama Becky McCray, durante varias horas por el ejército nicaragüense tras completar medidas de asentamientos y agricultura ilegales en áreas protegidas de la Reserva de Biósfera Río San Juan. Se detuvo al presidente del gobierno territorial Rama-Kriol por una noche y fue liberado el 28 de septiembre.
Este artículo se publicó originalmente en Undark en inglés. Leer el articulo original.
